lunes, 28 de enero de 2013

Inconstitucionalidad de la calificación de conducta anticompetitiva del proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley General de Defensa a la Competencia (P. Realidad Económica)Por: A. NoboaUnconstitutionality of the qualification of an anticompetitive conduct of the Draft Implementing Regulations of the General Law of on Competition Defense (P. Economic Reality) By: A. Noboa


N  O  B   O   A    P  A  G  Á  N   A  B  O  G  A  D  O  S

ACTUALIDAD REGULATORIA BOLETIN INFORMATIVO

 28 de  enero 2013, Sto. Dgo., R.D., Año V, Volumen II

 

Inconstitucionalidad de la calificación de conducta anticompetitiva del proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley General de Defensa a la Competencia (P. Realidad Económica)Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)
 
CALIFICACION DE UNA CONDUCTA ANTICOMPETITIVA. (Art. 7).
Texto sugerido:
“Art. 7 Calificación de una conducta anticompetitiva. A los efectos de la calificación y evaluación  de una conducta empresarial anticompetitiva y su objeto o efecto, la Comisión se ajustará al principio de realidad económica, ponderándose de manera preferente la realidad material que las pruebas reflejan, independientemente de las formas jurídicas adoptadas por los agentes económicos.”
 
Nuevamente el Proyecto incurre en un vicio de Legalidad, al pretender integrar por vía reglamentaria, ya no una norma, sino más aún, un principio de aplicación general, a utilizarse en el curso del proceso de investigación y juzgamiento establecido por la Ley No. 42-08, para los casos en que existe una denuncia de parte o actuación de oficio, en curso.
Este proceder es contrario a la Constitución, pues limita más allá criterio de actuación que corresponde a Pro-Competencia y a la empresa sujeta a una investigación, conforme lo establece el Art. 7 de la Ley No. 42-08, a un orden todavía más estricto, y por ende, reductor de la presunción de inocencia que favorece a todo administrado. El Art. 7 de la Ley No. 42-08, indica específicamente el accionar que corresponde a la Administración y al administrado, en el curso de un proceso de investigación:
“Art. 7. Calificación de una conducta anticompetitiva. La calificación de una conducta empresarial como anticompetitiva estará sujeta a las siguientes condiciones: (1). Las conductas enumeradas en el Art. 5 de esta ley serán prohibidas, siempre que sean ejecutadas o planificadas entre competidores, que actúan concertadamente, salvo que ellas sean accesorias o complementarias a una integración o asociación convenida que haya sido adoptada para lograr una mayor eficiencia de la actividad productiva o para promover la innovación o la inversión productiva. (2). En la evaluación de las imputaciones de abuso de posición dominante, se examinará la contribución o reducción de dicha conducta a la eficiencia económica, mediante el análisis del efecto neto de dicha conducta; es decir, si sus efectos anticompetitivos superan los efectos pro-competitivos, o de incremento de la eficiencia económica o viceversa. Párrafo I. A tales fines, corresponde a quien persigue una sanción demostrar el efecto anticompetitivo de la conducta, mientras el agente económico investigado le corresponde demostrar posibles efectos pro-competitivos o de eficiencia económica. Párrafo II. Asimismo, la parte actuante deberá presentar indicios que demuestren la capacidad individual o colectiva de los sujetos investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el mercado. Párrafo III. A los efectos de establecer la capacidad individual o colectiva de los sujetos investigados para crear barreras injustificadas a terceros en el mercado, se deberá comprobar que aquéllos tienen una posición individual o colectiva dominante sobre el mercado relevante.
Lo consignado en el Art. 7 de la Ley No. 42-08, constituyen las únicas reglas de posible aplicación en estos presupuestos.  A ésta se suman el Principio de Razonabilidad consagrado en el Art. 74.2 antes citado, del cual la regla de la razón o rule of reason, del Art. 7 de la Ley No. 42-08 es una concreción adjetiva.
Incluir por la vía reglamentaria, el llamado “Principio de Realidad Económica”, al margen de su posible efectividad o viabilidad, no es posible.  No es un principio recogido en la ley, por tanto su contenido y alcance no es claramente conocido. Insertarlo en el Reglamento de Aplicación, violaría el Principio de Culpabilidad que rige todo procedimiento administrativo sancionador, como el previsto en dicho artículo, en detrimento de la presunción de inocencia, orden constitucional, que favorece a los administrados.
El numeral 3 del Art. 69 de la Constitución, incluye como parte de sus garantías mínimas:
“3) El derecho a que se presuma su inocencia y ser tratada como tal, mientras no se haya declarado su culpabilidad por sentencia irrevocable.”
Sin embargo, ante la posibilidad más bien práctica y no normativa, de que se trate de un uso o técnica-económica racional y por ende, consistente con la normas legales y constitucionales, éste podría formar parte de algún documento consultivo de Pro-Competencia. Las técnicas y modelos económicos que sirven de apoyo a las autoridades de competencia, nunca forman parte de la normativa, más bien se van asentado a través de la labor jurisprudencial, como la prueba Areeda Turner, por ejemplo.
Es por lo que sugerimos, que en lugar de pretender una inclusión reglamentaria, la que no es factible, el mencionado principio, si es como se anuncia, una corolario de la razonabilidad jurídica, sea incluido en futuras directrices o memorias a ser publicadas por el organismo, para mejor comprensión de la política de competencia que se administra.
Sobre el Principio de Culpabilidad, García de Enterría observa: Hoy no hay sobre esta extensión de tan esencial derecho fundamental la menor duda. El Tribunal Constitucional así lo ha declarado de manera constante: “El derecho a la presunción de inocencia no puede entenderse reducido al estricto campo del enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse también que preside la adopción de cualquier resolución tanto administrativa como jurisdiccional que se base en la condición o conducta de las personas de cuya apreciación derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos” (S.8 marzo 1985).[1]
En conclusión Pro-Competencia debe eliminar el Art. 7 del Proyecto, al no ser posible incluir nuevos principios normativos a regir sobre el procedimiento administrativo sancionador de la ley, por la vía reglamentaria en virtud de la regla del Art. 69.7de la Constitución, y sin afectar la presunción de inocencia, consagrado en el literal 3, del mismo artículo que favorece a los administrados o bien el Principio de Culpabilidad que organiza los mismos. En el caso de que el mencionado “Principio de Realidad Económica”, sea más bien una aplicación práctica del Principio de Razonabilidad o regla de la razón, con base tanto en la Constitución como el Art. 7 de la Ley No. 42-08, entonces se recomienda, ampliar y explicar su carácter en documentos consultivos no reglamentarias de Pro-Competencia, tales como directrices o memorias anuales u otro.
 
 
Unconstitutionality of the qualification of an anticompetitive conduct of  the Draft Implementing Regulations of the General Law of on Competition Defense (P. Economic Reality) By: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)
 
QUALIFICATION OF AN ANTICOMPETITIVE CONDUCT. (ART. 7).
Suggested text:
"Art. 7 Qualification of an anticompetitive conduct. For the purposes of the qualification and evaluation of an anti-competitive business conduct and its object or effect, the Commission shall follow the economic reality principle, which gives preference to the material reality reflected by the evidence, regardless of the legal form adopted by the economic operators. "
 
Again the project incurs in a vice of Legality while attempting to integrate through regulations, not even a standard, but a principle of general application, to be used during the investigation and trial process established by Law No. 42 -08, for cases where there is a complaint or an ex officio action in progress.
 
This approach is contrary to the Constitution, limiting performance criteria beyond which corresponds to Pro-Competencia and the company subject to an investigation, as established in Article 7 of Law 42-08, to an order furthermore strict, and thus reducing the presumption of innocence that favors the general public. Article 7 of Law 42-08, specifically indicates the actions corresponding to the Administration and private individuals or entities, in the course of an investigation procedure:
"Article 7. Qualification of an anticompetitive conduct. The qualification of an anticompetitive business conduct will be subject to the following conditions: (1). The acts listed in Article 5 of this law shall be prohibited, provided that they are executed or planned between competitors, acting in concert, unless they are incidental or complementary to an agreed integration or association that has been adopted to achieve greater efficiency of the productive activity or to promote innovation and productive investment. (2). In the assessment of allegations of abuse of dominance, consideration should be given to the contribution or reduction of such conduct to economic efficiency, by analyzing the net effect of such conduct, that is, if its anticompetitive effects outweigh the pro-competitive effects, or to increase the economic efficiency and vice versa. Paragraph I. To this end, the burden of proof is placed on the party that seeks the sanction to demonstrate the anticompetitive effect of the conduct, whereas the operator under investigation shall demostrate the posible pro-competitive effects or of economic efficiency. Paragraph II. Also, the applicant must submit evidence demonstrating the individual or collective ability of the subjects under investigation to create unjustified barriers to third parties within the market. Paragraph III. For the purpose of establishing the individual or collective capacity of the subjects under investigation to create unjustified barriers to third parties within the market, the existence of individual or collective dominant position on the relevant market shall be verified.
The only rules applicable in these scenarios are those set in the aforementioned Article 7. To this we add the principle of reasonableness set forth in Article 74.2 above mentioned, of which the rule of reason, contained in Article 7 of Law 42-08, is an adjective practical expression.
It is not possible to include, through an implementing regulation, the "Economic Reality Principle", regardless of its possible effectiveness or viability. It is not a principle contained in the law, therefore its content and scope is not clearly known. Inserting it into the Implementing Regulations, would violate the principle of liability that governs all administrative sanctioning proceedings, as provided in that Article, to the detriment of the presumption of innocence, of constitutional order, which favors the general public.
Subparagraph 3 of Article 69 of the Constitution, includes as part of its minimum guarantees:
"3) The right to be presumed innocent and treated as such, until proven guilty through an irrevocable judgment."
However, at the possibility of a rather practical and not normative use, that is to say that it is conceived with a rational technical-economic use and thus consistent with the legal and constitutional order, it could be part of a consultation paper issued by Pro-Competencia. The technical and economic models that support the competition authorities are never part of the rules; rather they are settled through case-law, such as the Areeda Turner test, for example.
We therefore suggest that, instead of trying to include the principle through regulation, which is not feasible, in the case it is conceived as a corollary of legal reasonableness principle, it is included in future guidelines or reports to be issued by the body, for better understanding of our competition policy.
On the principle of liability, Garcia de Enterría notes: Today there is no doubt of the extension of such an essential fundamental right. The Constitutional Court has so consistently declared: "The right to the presumption of innocence cannot be understood to be limited to the reduced field of strict prosecuting of alleged criminal conducts, but must be understood also to lead the adoption of any resolution whether administrative or jurisdictional that is based on the condition or behavior of people from whose appreciation results in a sanction or the restriction of their rights "(S.8 March 1985).

In conclusion, Pro-Competencia should remove Article 7 from the Draft, since it is not possible to include new regulatory principles to govern the administrative sanctioning procedure set by the law, through regulations, pursuant to the rule established in Art 69.7 of the Constitution, and without affecting the presumption of innocence enshrined in subsection 3 of the same article, which favors the general public or the principle of liability that organizes them. In the event that the aforementioned "Economic Reality Principle", is more of a practical application of the principle of reasonableness or rule of reason, based in the Constitution as well as in Article 7 of Law 42-08, then we recommend Pro-Competencia expand and explain its character in non regulatory consultative documents or guidelines, such as annual reports or other.


 

Angélica Noboa Pagán

2 de enero de 2013.



[1] García de Enterría, Ob. Cit., Pág. 181. Sobre la Presunción de Inocencia.

lunes, 14 de enero de 2013

Inconstitucionalidad de la propuesta de definición de abuso de posición dominante en el proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley General de Defensa a la Competencia. Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)Unconstitutionality of the proposed definition of abuse of a dominant position in the draft Implementing Regulations of the General Law of Competition Defense. By: A. Noboa


N  O  B   O   A    P  A  G  Á  N   A  B  O  G  A  D  O  S

ACTUALIDAD REGULATORIA BOLETIN INFORMATIVO

14 de  enero 2013, Sto. Dgo., R.D., AñoV, Volumen I

 

Inconstitucionalidad de la propuesta de definición de abuso de posición dominante en el proyecto de Reglamento de Aplicación de la Ley General de Defensa a la Competencia. Por: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)
 
Texto propuesto:
“Art. 6. Del abuso de posición dominante. Las conductas listadas en el Art. 6 de la Ley son de carácter enunciativo, y las mismas incluyen fijar precios predatorios, así como provocar artificialmente el aumento de los costos de los agentes económicos”.
 
La inclusión del Art.6 del Proyecto, constituye una gravísima violación al orden constitucional, por violentar de manera gruesa el Principio de Tipicidad, consagrado en la Carta Magna y de amplio arraigo en la cultura jurídica dominicana, de origen romano-germánico a través de la máxima jurídica, Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, conocidísimo principio general del Derecho.
 
El Literal 7 del ya citado Art. 69 de la Constitución establece que:
“Art. 69.7 de la Constitución. Ninguna persona podrá ser juzgada sino conforme a las leyes preexistentes, al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formalidades propias de cada juicio.”
 
El Principio de Legalidad impone, pues, la “exigencia material absoluta de predeterminación normativa de las conductas y de las sanciones correspondientes, exigencia que… afecta a la tipificación de las infracciones, a la graduación y escala de las sanciones y a la correlación entre unas y otras, de tal modo que… el conjunto de las normas aplicables permita predecir, con suficiente grado de certeza, el tipo y el grado de sanción susceptible de ser impuesta” (Sentencia constitucional de 29 de marzo de 1990).
 
Así lo declara hoy el artículo 129 LPC, que, consecuentemente, concluye que “las normas definidoras de infracciones y sanciones no serán susceptibles de aplicación analógica”. La tipicidad es, pues, la descripción legal de una conducta especifica a la que se conectará una sanción administrativa. La especificidad de la conducta a tipificar viene de una doble exigencia: del principio general de libertad, sobre el que se organiza todo el Estado de Derecho, que impone que las conductas sancionables sean excepción a esa libertad y, por tanto, exactamente delimitadas, sin ninguna indeterminación (y delimitadas, además, por la representación democrática del pueblo a través de las leyes: STC 137/1997); y, en segundo término, a la correlativa exigencia de la seguridad jurídica (Art. 9.3 de la Constitución), que no se cumpliría si la descripción de lo sancionable no permitiese un grado de certeza suficiente para que los ciudadanos puedan predecir las consecuencias de sus actos (lex certa).[1]
 
No caben, pues, cláusulas generales o indeterminadas de infracción que “permitirían al órgano sancionador actuar con un excesivo arbitrio y no con el prudente y razonable que permitiría una especificación normativa” (término de la misma Sentencia Constitucional de 29 de marzo de 1990).[2]
 
Hace 5 meses que Pro-Competencia recibió los comentarios de partes con interés, sobre el proyecto de reglamento. Todavía no se han convocado a las mismas a sesiones de trabajo o audiencias para su discusión.
 
En todo caso, se impone la eliminación total del Art. 6 del Proyecto, tanto por su pretendida inclusión de los precios predatorios como tipo punitivo, así como por la pretensión de abrir un abanico indeterminado de posibilidades de persecución por alegado abuso de posición dominante, por controvertir el Principio de Tipicidad de amparo constitucional, según la regla consagrada en el Art. 69.7 de la Carta Magna, por demás un principio general de derecho de amplio arraigo, conocido como Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege.
 
Unconstitutionality of the proposed definition of abuse of a dominant position in the draft Implementing Regulations of the General Law of Competition Defense. By: A. Noboa (anoboa@npa.com.do)
 
 
Proposed text:
"Art 6. Abuse of a dominant position. The behaviors in Article 6 of the Law are listed without limitation, and these include predatory pricing, as well as artificially causing increases in the costs of economic agents. "
 
The inclusion of Art. 6 of the Draft Implementing Regulations constitutes a serious violation of the constitutional order, by violating the Principle of ‘Typicity**[3], enshrined in the Constitution and deeply rooted in the Dominican legal culture, of Roman-Germanic origin, through the legal maxim, Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege, a well-known general principle of law.
 
Literal 7 of the aforesaid Article 69 of the Constitution provides that:
"Art 69.7 of the Constitution. No person shall be tried except under existing laws, predating the act of which they are charged, before the competent court and the following the full observance of the due process of each trial. "
 
The Principle of Legality therefore imposes the "absolute material requirement that all conducts and appropriate penalties shall be defined by law beforehand, requirement that... affects the constitution of the infringement, the graduation and scale of fines and the correlation between one and the other, so that ... the set of applicable rules allows the individual to predict, with sufficient certainty, the type and level of sanctions that could be imposed" (Constitutional Ruling March 29, 1990).
 
This is recognized in Article 129 LPC today, which consequently concludes that "the rules defining offenses and penalties are not susceptible of analogy." ‘Typicity’** is thus the legal description of a specific conduct that will be linked to an administrative penalty. The specificity of the conduct to be defined comes from a dual requirement: the general principle of freedom, around which revolves the rule of law, which requires that punishable conducts are an exception to this freedom and, therefore, precisely defined, without vagueness (and bounded, also, by the democratic representation of the people, through laws: STC 137/1997), and, secondly, to the correlative requirement of legal certainty (Article 9.3 of the Constitution), which would not be met if the description of the punishable act does not allow a degree of certainty, sufficient to enable citizens to predict the consequences of their actions (lex certa). [4]
 
Therefore we cannot allow general or vague infringement clauses, which "would permit the sanctioning body to act with excessive discretion and not with prudence and reasonableness that a specific normative would allow" (from the same Constitutional Ruling of March 29, 1990).
 
It has been 5 months since Pro-Competencia received comments from interested parties on the draft regulations. However, work sessions or hearings for discussion of the proposed document have yet to be called.
 
In any case, the total elimination of Article 6 of the draft implementing regulations prevails, both for pretending to include predatory pricing as a punishable conduct, as well as for aiming to open an indeterminate range of possibilities of persecution for alleged abuse of dominant position, for infringing the constitutional Principle of ‘Typicity’, as stated in Article 69.7 of the Constitution, furthermore a deeply rooted general principle of law, known as Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege.

 

Angélica Noboa Pagán

2 de enero de 2013

 

 

 

 



[1] García de Enterría, Ob. Cit., Pág. 177.
[2] Ibid.
[3] **There are no equivalent English terms for “principio de tipicidad”. Some close terms are “principle that there must be a legal basis” (Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo, 13 February 2003, Case C-56/02, para 51), or “principle of accessibility” (Kafkaris v Cyprus Judgment 12 February 2008 para 140).
[4] García de Enterría, Ob. Cit., Pág. 177.